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Ley del teletrabajo en España: ¿quién se ocupa de los gastos?

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Alba es Content Marketer en Rydoo

La nueva ley del teletrabajo quedó aprobada en Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre. Tras meses de intensas negociaciones, el Gobierno pactó el real decreto ley del trabajo a distancia con la CEOE, CC. OO. y UGT. La norma entró en vigor el 13 de octubre, 20 días después de su publicación en el BOE.

La ley del teletrabajo nace con un objetivo principal, regular esta forma de trabajar que implantaron miles de empresas y entidades debido a la crisis sanitaria. Se calcula que apenas el 5 % de los españoles teletrabajaba de forma ocasional o de manera continua antes de la pandemia. Sin embargo, la crisis del coronavirus obligó a reducir la movilidad de los trabajadores y el contacto entre ellos, principalmente en oficinas, para evitar los contagios.

Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas establece, según datos del INE, que el porcentaje de personas que teletrabajan ha ascendido hasta alcanzar cifras cercanas al 35 % durante la pandemia.

Principales novedades

El teletrabajo ya se regulaba brevemente en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, aunque ya hemos visto que no era una práctica habitual antes de la pandemia. Como consecuencia de la crisis sanitaria, trabajar desde casa se volvió imperativo en muchas empresas. Además de regular los gastos, la nueva ley del teletrabajo reconoce que quienes teletrabajan deben tener los mismos derechos y deberes que quienes desempeñan sus funciones de manera presencial.

El empleado podrá acogerse al teletrabajo únicamente si está interesado. En ningún caso deberá ser una imposición (salvo que las circunstancias sanitarias así lo exijan), sino que deberá hacerse de mutuo acuerdo y por escrito con la empresa. Esta decisión es reversible siempre y cuando se comunique con antelación. Además, el trabajador tendrá derecho a la desconexión digital.

Empresas como Deloitte, Burger King, Saica o Aquaservice ya se han deshecho de los informes de gastos.

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¿A quién afecta la ley del teletrabajo?

A todas las personas que teletrabajen «regularmente». Puede parecer algo impreciso o poco concreto, pero la ley lo define claramente de la siguiente manera: «el trabajo que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30 % de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo».

Con esta aclaración se excluye a todas las personas que teletrabajen de manera ocasional o quienes teletrabajan un día a la semana. Tampoco aplica a los jóvenes de 16 y 17 años. En el caso de los contratados para prácticas o formación existe la posibilidad de teletrabajo el 50 % de la jornada.

Entre las cuestiones más importantes de la regulación se encuentra la obligación de las empresas de firmar acuerdos por escrito sobre las condiciones de teletrabajo que, desde ya, deberán oficializarse antes de que este se inicie. También se disponen plazos de transición de al menos tres meses para aquellas situaciones ya en vigor.

Estos acuerdos deben asegurar lo que la norma denomina el «derecho al horario flexible» y al registro de jornada adecuado. La persona que trabaja a distancia podrá elegir los horarios que más le convengan, con ciertos límites y dentro del horario de actividad de la empresa y siempre con el objetivo de conciliar. De igual modo, deberá disponer de un mecanismo fiable para registrar el comienzo y final de jornada para evitar las horas extra.

¿Quién se hace cargo de los gastos?

Ha sido necesario ampliar la legislación para precisar las condiciones que deben cumplir las empresas y trabajadores que opten por el teletrabajo. La base de la nueva legislación se fundamenta en el acuerdo europeo de teletrabajo del 2002. Una de las principales novedades de esta nueva regulación es que regula los gastos del teletrabajo al introducir la obligación de las empresas a «dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario».

La nueva ley dictamina que el teletrabajo «deberá ser sufragado o compensado por la empresa», y que en ningún caso podrá suponer que el trabajador asuma los gastos relacionados con esos equipos y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

La norma también dice que los acuerdos o convenios colectivos podrán establecer cuál será el mecanismo para determinar y, en su caso, compensar o abonar los gastos del teletrabajo.

  1. Debe establecerse un inventario de equipos, medios y herramientas necesarias para el desempeño del trabajo a distancia, incluidos elementos muebles y consumibles.
  2. Deberán incluirse los gastos que pueda tener el trabajador, además de la forma de cuantificación de la compensación que por obligación tiene que costear la empresa. Ejemplos: adquirir una silla ergonómica, un ratón, etc.

Sin embargo, también aparecen ciertas discrepancias. Una de las más importantes es la que hay sobre los gastos indirectos. Sabemos que será la empresa quien debe proporcionar al trabajador todo lo necesario para desarrollar su trabajo con normalidad, pero ¿qué hay de los gastos del teletrabajo como luz o internet? Será el trabajador quien asuma estos gastos de suministros de la actividad en su hogar.

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¿Qué ocurre con los acuerdos ya vigentes?

Debemos determinar que, en el caso de los acuerdos y convenios colectivos que ya precisaban las condiciones de esta práctica, la ley del teletrabajo establece dos supuestos:

  1. Primer supuesto: si los acuerdos ya tenían dispuesto un periodo de vigencia, se podrán mantener las condiciones establecidas hasta su vencimiento. Después deberán adaptarse sin demora a la nueva ley del teletrabajo.
  2. Segundo supuesto: el acuerdo no tiene un plazo fijado. En tal caso, deberán comenzar a cumplir la nueva ley en un máximo de un año, prorrogable a tres si hay acuerdo entre empresa y sindicatos.

Ahora, el Congreso de los Diputados deberá confirmar la ley del teletrabajo en unos meses. Lo que queda claro es que esta práctica ha irrumpido con fuerza en la nueva normalidad y con ella las normas que la regulan.

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